LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DESPLAZAMIENTO

Ver: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 150. Anexo 1: Principios Rectores de los Desplazamientos Internos

Tras la necesidad de atender a la población desplazada, la Comisión de Derechos Humanos de las Organizaciones de las Naciones Unidas, encomendó en 1992 al representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las personas internamente desplazadas, Sr. Francis M. Deng, estudiar y analizar las causas y las consecuencias del desplazamiento interno, la situación de las personas que se veían afectadas por esta problemática, la medida en que se estaban atendiendo sus necesidades y la forma de mejorar la asistencia y protección que se les brindaba.

Los principios rectores, promulgados en 1998, buscan garantizar la protección de la población afectada por el desplazamiento interno, por lo que han tenido un fuerte papel dentro del contexto internacional como instrumento de protección de los Derechos Humanos; sin embargo, su debilidad está en no constituir aún un documento legalmente vinculante, ya que al no tener este carácter formal, los Estados pueden adoptar o no adoptar sus recomendaciones. Sólo con su difusión, aceptación y utilización en todos los Estados, puede adoptarse formalmente a nivel internacional.

En Colombia su difusión, aceptación y utilización ha sido bastante amplia, tanto que todas las entidades del Gobierno Nacional, las agencias de Naciones Unidas, las ONG, diferentes administraciones locales y departamentales, y aún las propias organizaciones de población desplazada, Han incrementado su conocimiento y aplicación para convertirlos en el instrumento más efectivo para proteger a las victimas de la violencia interna.

Los Principios Rectores definen a los desplazados internos como “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

A manera de síntesis, se dan a conocer a continuación los componentes más importantes de los principios rectores que deben ser tenidos en cuenta dentro de las acciones del Estado frente al desplazamiento forzado:

Garantizar la igualdad de los desplazados ante la sociedad.

Evitar los desplazamientos forzados.

Generar alternativas para desplazamientos planificados. Asegurando un alojamiento adecuado y que el desplazamiento se genere bajo condiciones optimas de seguridad, alimentación, salud e higiene, y que no se separe a los miembros de una misma familia.

Preservar la vida de los desplazados, protegiéndolos de toda clase de acciones violentas y crueles por parte de los diferentes grupos armados.

Impedir cualquier atentado contra la dignidad y la integridad física, mental o moral de los desplazados.

Salvaguardar la libertad y la seguridad personal de los desplazados.

Amparar el derecho a la libertad de circulación y a la libertad de escoger su residencia.

Proteger la vida familiar de los desplazados.

Prestarles la asistencia requerida.

Desarrollar e implementar un enfoque poblacional para la atención a los grupos de desplazados.

De tal manera se atenderá y protegerá por su condición a niños, niñas, mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños, menores no acompañados, madres cabeza de familia, discapacitados, personas de edad, pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tengan especial dependencia de su tierra.

Proporcionar u nivel de vida adecuado a los desplazados.

Preservar, reparar o indemnizar por la perdida de la propiedad o las posesiones de los desplazados.

Ofrecer una educación gratuita a los desplazados.

Promover retornos solamente en condiciones dignas, voluntarias y con todas las garantías de seguridad para los desplazados.