CONCLUSIONES

“Se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones violencia generalizada, de violaciones de los Derechos Humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”[1].

El problema del desplazamiento forzado ha traído fuertes consecuencias a nivel Nacional y más aun en las principales ciudades receptoras de la población victima de la problemática.

Esta problemática ha sido respaldada principalmente por los Derechos Humanos y el D.I.H. (Derecho Internacional Humanitario) y por diferentes políticas publicas de la ciudad, lo cual ha traído un fuerte impacto social, demográfico, cultural y económico, motivos suficientes para que la población bogotana, la población desplazada, las instituciones, las entidades distritales y el mismo Estado, eximamos nuestra responsabilidad frente al tema.

Tras el aumento de la población desplazada en Bogotá, a parte de verse reflejada una modificación de la dinámica cultural urbana, se ha generado una mayor demanda de servicios sociales como vivienda, saneamiento básico, educación, capacitación y salud, generada por el aumento de la población desplazada, principalmente hacia bogota con 1’976.970 personas.[2]

Dentro del estudio realizado se destaca la fuerte relación entre la problemática del conflicto armado colombiano y la generación del desplazamiento forzado, y que los diferentes grupos armados (guerrilla, paramilitares, etc.) son los que mayor presión han impuesto a la población victima de la violencia; muestra de esto son: la confinación de poblaciones enteras en su territorio de origen, el asesinato de personas como medio de amenaza y terror, el aumento de sus filas militares con jóvenes de la población y el desplazamiento como mecanismo para huir de la violencia.

Esta razón militar es la principal precursora del desplazamiento en el país, pero es la razón económica la que lleva a la población afectada a desplazarse principalmente a las ciudades pues es en éstas donde se cree encontrar una mejor prestación de servicios y a su vez una mayor calidad de vida.

Se ha detectado en la ciudad la alta incidencia en las poblaciones afrocolombianas y en las minorías étnicas, que ha sido expulsada de su zona habitual de residencia y ha llegado a Bogotá; el bajo nivel de escolaridad y habilidad laboral de la población desplazada es lo que les ha dificultado hallar empleo en las actividades productivas propias de la ciudad y ha creado una mayor presión para la prestación de servicios de educación en la ciudad; debido a los bajos ingresos económicos de las personas afectadas por la violencia, éstas difícilmente o nunca, logran vivir en condiciones dignas, pues se asientan principalmente en las zonas más marginales de la ciudad.

Frente a la problemática se han adoptado diferentes medidas y políticas que garantizan la protección de los derechos de la población afectada por la violencia, pero hay derechos planteados por la Constitución Política de Colombia que se les han violado a éstas personas, como lo son los derechos fundamentales y los derechos sociales, económicos y culturales, violación que no es compresible cuando nuestro primer articulo señala que somos un Estado social de derecho y, que por lo tanto lo acordado en la Constitución se debe cumplir para todos, y no sólo para una minoría.

A pesar de que se destaca la violación de los derechos anteriormente nombrados, no se puede negar el papel positivo que han asumido algunas organizaciones, como la Red de Solidaridad Social, la cual ha sido responsable de la atención humanitaria de la población desplazada a través de las siguientes modalidades básicas: 1). La atención inmediata a través de las Unidades Territoriales y 2). La atención de emergencia prestada por la Red a través de ONG’s, mediante las cuales se entrega apoyo y se realizan actividades psicosociales y de capacitación complementaria para la efectiva atención de desplazados en Bogotá.

También se destaca que: “Es de resaltar el Plan de Acción Distrital para la atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia en Bogotá, aprobado a finales del 2001, el cual busca generar avances en materia de política publica y en programas de carácter social que desarrollan primordialmente la atención integral en condiciones dignas a la población desplazada, que de forma transitoria o definitiva, reside en el distrito.[3]

Luego de este análisis, señalamos a nuestro juicio que las características más criticas del desplazamiento en Bogotá, son la falta de prestación de servicios a todas las persona victimas de la violencia y la atención integral que se les brinda a éstas mismas, pues la atención se está dando con un fin asistencial únicamente y no se está buscando que se de para que las personas desplazadas sean las que busquen las soluciones para salir de su situación de desplazamiento de manera autónoma, pero obviamente contando con los derechos que deben garantizar las instituciones y el Estado.

Así, creemos que se pueden mejorar los procesos de restablecimiento de desplazados con una mayor eficacia de las políticas públicas y las instituciones prestadoras de servicios no sólo en la ciudad sino también en las zonas expulsoras, mediante la descentralización de la estructura de coordinación de éstas en los comités locales, distritales y departamentales, con el fin de despertar un mayor interés de las administraciones locales y regionales para atender a los desplazados; generar programas específicos de acción a favor de los desplazados por parte de las entidades nacionales descentralizadas y crear un mejor conocimiento de la problemática a partir de la convocatoria y participación de la población desplazada.

Todo esto con el fin de que exista una mayor preocupación por los impactos que por los productos, que se fortalezca la autogestión comunitaria, halla mayor destinación de recursos en beneficio de la población desplazada y se presente una efectiva atención humanitaria complementada con la prevención del desplazamiento.

Es necesario acabar con la discriminación hacia la población victima de la violencia y reconstruir una verdadera igualdad de oportunidades en todo el territorio colombiano para que todas las personas podamos acceder a los servicios, a un empleo digno y a una buena calidad de vida.


[1] Defensoría del pueblo, Red de Promotores de Derechos Humanos. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá D.C. 2004. p. 152
[2] Ver estadísticas en http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/Salida%20metod.%20Antigua.htm
[3] Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnostico, políticas y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, serie equidad y bienestar # 4. Bogotá D.C., abril de 2004. p. 35