Ver: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 150. Anexo 1: Principios Rectores de los Desplazamientos Internos
Tras la necesidad de atender a la población desplazada, la Comisión de Derechos Humanos de las Organizaciones de las Naciones Unidas, encomendó en 1992 al representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las personas internamente desplazadas, Sr. Francis M. Deng, estudiar y analizar las causas y las consecuencias del desplazamiento interno, la situación de las personas que se veían afectadas por esta problemática, la medida en que se estaban atendiendo sus necesidades y la forma de mejorar la asistencia y protección que se les brindaba.
Los principios rectores, promulgados en 1998, buscan garantizar la protección de la población afectada por el desplazamiento interno, por lo que han tenido un fuerte papel dentro del contexto internacional como instrumento de protección de los Derechos Humanos; sin embargo, su debilidad está en no constituir aún un documento legalmente vinculante, ya que al no tener este carácter formal, los Estados pueden adoptar o no adoptar sus recomendaciones. Sólo con su difusión, aceptación y utilización en todos los Estados, puede adoptarse formalmente a nivel internacional.
En Colombia su difusión, aceptación y utilización ha sido bastante amplia, tanto que todas las entidades del Gobierno Nacional, las agencias de Naciones Unidas, las ONG, diferentes administraciones locales y departamentales, y aún las propias organizaciones de población desplazada, Han incrementado su conocimiento y aplicación para convertirlos en el instrumento más efectivo para proteger a las victimas de la violencia interna.
Los Principios Rectores definen a los desplazados internos como “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
A manera de síntesis, se dan a conocer a continuación los componentes más importantes de los principios rectores que deben ser tenidos en cuenta dentro de las acciones del Estado frente al desplazamiento forzado:
Garantizar la igualdad de los desplazados ante la sociedad.
Evitar los desplazamientos forzados.
Generar alternativas para desplazamientos planificados. Asegurando un alojamiento adecuado y que el desplazamiento se genere bajo condiciones optimas de seguridad, alimentación, salud e higiene, y que no se separe a los miembros de una misma familia.
Preservar la vida de los desplazados, protegiéndolos de toda clase de acciones violentas y crueles por parte de los diferentes grupos armados.
Impedir cualquier atentado contra la dignidad y la integridad física, mental o moral de los desplazados.
Salvaguardar la libertad y la seguridad personal de los desplazados.
Amparar el derecho a la libertad de circulación y a la libertad de escoger su residencia.
Proteger la vida familiar de los desplazados.
Prestarles la asistencia requerida.
Desarrollar e implementar un enfoque poblacional para la atención a los grupos de desplazados.
De tal manera se atenderá y protegerá por su condición a niños, niñas, mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños, menores no acompañados, madres cabeza de familia, discapacitados, personas de edad, pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tengan especial dependencia de su tierra.
Proporcionar u nivel de vida adecuado a los desplazados.
Preservar, reparar o indemnizar por la perdida de la propiedad o las posesiones de los desplazados.
Ofrecer una educación gratuita a los desplazados.
Promover retornos solamente en condiciones dignas, voluntarias y con todas las garantías de seguridad para los desplazados.
martes, 24 de julio de 2007
4.2.3 EN CUANTO A LOS DERECHOS PLANTEADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Republica de Colombia. Nueva Constitución Política de Colombia 1991. Santafé de Bogotá, D.C. 1993
Dentro de ésta se estudian y analizan los derechos fundamentales (titulo II, capitulo I) y los derechos sociales, económicos y culturales, siendo estos últimos reafirmados por el Art. 366 de la misma Constitución que señala como finalidad social del Estado, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, así como la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable; para ello, sostiene el mencionado artículo: el gasto social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
En este caso, sólo se nombrarán los derechos fundamentales que les son violados a la población victima del desplazamiento:
- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política y filosófica (Art. 13). El Estado no ha podido garantizarle estos derechos a la población desplazada como lo hace con los habitantes de las grandes ciudades.
- El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (Art. 13). Aunque dentro de la Constitución no hay una norma que obligue al Estado a tratar de manera preferencial a la población desplazada, al ser ésta reconocida como población vulnerable, debería hacer una garantía especial para este tipo de población.
- Todo ciudadano, con las limitaciones que establezca la Ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia (Art. 24). Los grupos armados que generan el desplazamiento forzado, violan completamente este artículo.
- Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones,… (Art. 40). La población desplazada no puede hacer valer sus derechos políticos ya que en muchas ocasiones, o pierden sus documentos, o la inscripción electoral que realizó en el territorio de donde huyó no le permite ejercer el derecho al voto en su nuevo lugar de residencia.
Dentro de ésta se estudian y analizan los derechos fundamentales (titulo II, capitulo I) y los derechos sociales, económicos y culturales, siendo estos últimos reafirmados por el Art. 366 de la misma Constitución que señala como finalidad social del Estado, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, así como la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable; para ello, sostiene el mencionado artículo: el gasto social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
En este caso, sólo se nombrarán los derechos fundamentales que les son violados a la población victima del desplazamiento:
- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política y filosófica (Art. 13). El Estado no ha podido garantizarle estos derechos a la población desplazada como lo hace con los habitantes de las grandes ciudades.
- El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (Art. 13). Aunque dentro de la Constitución no hay una norma que obligue al Estado a tratar de manera preferencial a la población desplazada, al ser ésta reconocida como población vulnerable, debería hacer una garantía especial para este tipo de población.
- Todo ciudadano, con las limitaciones que establezca la Ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia (Art. 24). Los grupos armados que generan el desplazamiento forzado, violan completamente este artículo.
- Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones,… (Art. 40). La población desplazada no puede hacer valer sus derechos políticos ya que en muchas ocasiones, o pierden sus documentos, o la inscripción electoral que realizó en el territorio de donde huyó no le permite ejercer el derecho al voto en su nuevo lugar de residencia.
4.2.2 EN CUANTO AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DHI)
Derecho Internacional Humanitario, Protocolo II de 1977, adicional a los convenios de Ginebra. www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nfs/wplist2/Humanitarian_law?
El DIH protege a la población no combatiente que pueda verse afectada de alguna forma, por un conflicto interno. Así, se entiende que se aplican a la población victima del desplazamiento los siguientes artículos:
- Ni la población civil, ni las personas civiles serán objeto de ataques militares. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil (Art. 13).
- Está prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles; por lo tanto, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como lo son los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instituciones y reservas de agua potable y las obras de riego (Art. 14). Se ha visto cómo los grupos armados decomisan o recortan los alimentos, se roban el ganado y las instalaciones del acueducto donde actúan violentamente.
- Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremas por la falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de la alta parte contratante interesada, acciones de socorro a favor de la población civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distinción alguna de carácter desfavorable (Art. 18) Este tipo de acciones han tenido que ser realizadas por el Estado colombiano, el comité internacional de la Cruz Roja, la iglesia y algunas organizaciones internacionales en varias ocasiones en las que los grupos armados han bloqueado el acceso de alimentos y víveres básicos a las comunidades.
El DIH protege a la población no combatiente que pueda verse afectada de alguna forma, por un conflicto interno. Así, se entiende que se aplican a la población victima del desplazamiento los siguientes artículos:
- Ni la población civil, ni las personas civiles serán objeto de ataques militares. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil (Art. 13).
- Está prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles; por lo tanto, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como lo son los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instituciones y reservas de agua potable y las obras de riego (Art. 14). Se ha visto cómo los grupos armados decomisan o recortan los alimentos, se roban el ganado y las instalaciones del acueducto donde actúan violentamente.
- Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremas por la falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de la alta parte contratante interesada, acciones de socorro a favor de la población civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distinción alguna de carácter desfavorable (Art. 18) Este tipo de acciones han tenido que ser realizadas por el Estado colombiano, el comité internacional de la Cruz Roja, la iglesia y algunas organizaciones internacionales en varias ocasiones en las que los grupos armados han bloqueado el acceso de alimentos y víveres básicos a las comunidades.
4.2.1 EN CUANTO A LOS DERECHOS HUMANOS
El referente principal para analizar la situación que afrontan los desplazados frente a este tema, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos[1]. A esta población se le están violando los siguientes derechos:
- El derecho a la vida, la libertad y la seguridad (Art. 3), ya que no son libres de escoger su sitio de residencia, y además, no hay quien les brinde seguridad con respecto a los actos violentos de los que son victimas.
- El derecho a no sufrir penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 5), ya que se les está obligando a abandonar su lugar de residencia de manera cruel y degradante.
- El derecho a no ser arbitrariamente desterrado (Art. 9), acto que realizan los diferentes grupos armados, generando así el desplazamiento forzado.
- El derecho a que se le respete su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia (Art. 12), ya que al ser desplazados se afectan todos los componentes personales y familiares.
- El derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado (Art. 13), ya que esto es precisamente lo que impiden los diferentes grupos armados a los desplazados.
- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país (Art. 14), ya que muchos de los problemas con los países vecinos con respecto al tema de los colombianos que cruzan las fronteras para huir de los actos violentos en su zona habitual, tienen que ver precisamente con este derecho, que debe ser garantizado y atendido por los países vecinos en caso de emergencia, pero también en los casos en que los desterrados solicitan formalmente el asilo.
- El derecho a la propiedad privada, individual o colectiva (Art. 17), ya que tras los intereses económicos y geoestratégicos que se ven involucrados dentro del conflicto armado, la propiedad es lo primero que pierde la población civil desplazada.
- El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacifica, y de que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una organización (Art. 20). El desplazamiento está en algunos casos asociado con la violación de estos derechos, cuando la población se ve expulsada de su sitio de residencia a causa de pertenecer y participar en actividades sociales o gremiales, o porque se niegan a colaborar con los mismos grupos armados.
- El derecho al trabajo y a la libre elección de su profesión (Art. 23), éste también se ve violentado en el momento que la población se ve obligada a abandonar su lugar de residencia.
- El derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; de igual manera el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (Art. 25), ya que cuando las personas desplazadas abandonan su territorio habitual pierden los medios que tenían para asegurar un nivel de vida adecuado para sus familias, el acceso a los servicios de salud, a la fuente de ingresos económicos, a la vivienda y a los servicios sociales básicos en su comunidad de origen; se pierden y muy pocas veces son recuperados en su nuevo lugar de residencia.
- El derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental (Art. 26), ya que los niños, niñas y jóvenes que se ven obligados a desplazarse junto con sus familias, pierden su vinculación a la formación educativa brindada en los colegios y escuelas de su región habitual.
[1] Tomado de: Personería de Santafé de Bogotá, Comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Capital. Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea de las naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Bogotá, Colombia. Diciembre de 1998
- El derecho a la vida, la libertad y la seguridad (Art. 3), ya que no son libres de escoger su sitio de residencia, y además, no hay quien les brinde seguridad con respecto a los actos violentos de los que son victimas.
- El derecho a no sufrir penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 5), ya que se les está obligando a abandonar su lugar de residencia de manera cruel y degradante.
- El derecho a no ser arbitrariamente desterrado (Art. 9), acto que realizan los diferentes grupos armados, generando así el desplazamiento forzado.
- El derecho a que se le respete su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia (Art. 12), ya que al ser desplazados se afectan todos los componentes personales y familiares.
- El derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado (Art. 13), ya que esto es precisamente lo que impiden los diferentes grupos armados a los desplazados.
- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país (Art. 14), ya que muchos de los problemas con los países vecinos con respecto al tema de los colombianos que cruzan las fronteras para huir de los actos violentos en su zona habitual, tienen que ver precisamente con este derecho, que debe ser garantizado y atendido por los países vecinos en caso de emergencia, pero también en los casos en que los desterrados solicitan formalmente el asilo.
- El derecho a la propiedad privada, individual o colectiva (Art. 17), ya que tras los intereses económicos y geoestratégicos que se ven involucrados dentro del conflicto armado, la propiedad es lo primero que pierde la población civil desplazada.
- El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacifica, y de que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una organización (Art. 20). El desplazamiento está en algunos casos asociado con la violación de estos derechos, cuando la población se ve expulsada de su sitio de residencia a causa de pertenecer y participar en actividades sociales o gremiales, o porque se niegan a colaborar con los mismos grupos armados.
- El derecho al trabajo y a la libre elección de su profesión (Art. 23), éste también se ve violentado en el momento que la población se ve obligada a abandonar su lugar de residencia.
- El derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; de igual manera el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (Art. 25), ya que cuando las personas desplazadas abandonan su territorio habitual pierden los medios que tenían para asegurar un nivel de vida adecuado para sus familias, el acceso a los servicios de salud, a la fuente de ingresos económicos, a la vivienda y a los servicios sociales básicos en su comunidad de origen; se pierden y muy pocas veces son recuperados en su nuevo lugar de residencia.
- El derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental (Art. 26), ya que los niños, niñas y jóvenes que se ven obligados a desplazarse junto con sus familias, pierden su vinculación a la formación educativa brindada en los colegios y escuelas de su región habitual.
[1] Tomado de: Personería de Santafé de Bogotá, Comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Capital. Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea de las naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Bogotá, Colombia. Diciembre de 1998
¿CUÁLES SON LOS RASGOS MÁS IMPORTANTES QUE SE PRESENTAN EN EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL PAÍS?
El acelerado crecimiento del volumen de desplazados.
CODHES[1] en su informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos en el 2002, señala que este año fue el de mayor desplazamiento forzado en Colombia desde 1985. El estudio refleja que en cerca de 152 municipios expulsores se dio una vasta disminución de población y en cerca de 124 zonas de recepción se registró un gran crecimiento con la llegada imprevista de nuevos habitantes.
En suma, 276 municipios, que constituyen el 25% del total del país, están inmersos en un proceso de reordenamiento social y demográfico forzado por las circunstancias de la guerra”[2]. Este informe señala la desintegración de grupos étnicos afectados por los ataques y amenazas de los grupos armados y la intensificación de la presión de los mismos sobre la población civil. “Según este informe, para el 2002, el desplazamiento afectó a una población de 412.000 personas, 1.144 por día, 20% más que el año anterior”[3]
La siguiente referencia, según datos de la Red de Solidaridad Social[4] tomados del Registro Nacional de Población Desplazada por la violencia (SUR) entre los años 1995 y 2002 refleja un alto incremento de personas y hogares que deben ser atendidos por el Estado según las leyes y normas vigentes, debido a que cumplen con el requisito básico de su inscripción en el Sistema Único de Registro. Según estos datos hasta el 31 de Enero de 2003 han ingresado 222.892 en el registro de población desplazada, lo que equivale a 1.016.175 personas que ingresaron al programa especial para ser atendidas.
Cabe resaltar que sólo el 20% de la población desplazada lo hace de manera masiva (más de 10 hogares o 50 personas) y el porcentaje (más de 800 mil personas) individual o unifamiliarmente. Toda esta población se desplaza especialmente a las capitales del país, lo que hace complicada su integración a la vida urbana, ya que cuentan con una diferente habilidad productiva y desconocen la forma cómo se dan los derechos y deberes en la ciudad; al reconocer estas dificultades, las instituciones del Estado, principalmente la Red de Solidaridad Social, a parte de registrar el número de personas desplazadas para que ingresen a los programas de atención, también cuenta con un modelo de estimación global que revela el número total de personas desplazadas por la violencia aún si no se han registrado o no han buscado ayuda.
Existen aún más fuentes que revelan el volumen de desplazados de diferentes formas y con diferente propósito, pero si en algo coinciden es en que el índice del desplazamiento forzado a causa del conflicto interno va aumentando cada vez más.
La ampliación progresiva de los territorios que se ven afectados por el desplazamiento forzado.
El informe de CODHES señala al municipio de Bojayá, Chocó, con un alcance de 119 victimas y el destierro del 68% de su población, como el lugar de la catástrofe humanitaria más notoria para el 2002. Aún así, el alarmante destierro del Catatumbo -14.007 personas por cada 100mil habitantes- es el más alto del país, donde cinco de sus municipios reflejan los índices más elevados de expulsión: El Tarra (25.953), Convención (25.542), Teorema (24.603), San Calixto (10.639) y Tibú (9.080).
La segunda fuente, la Red de Solidaridad Social[5], refleja al igual que la primera, la fuerte expansión del desplazamiento, pues en el 2000, 480 municipios se vieron afectados por éste, en el 2001 ya eran 819 y en el primer semestre del 2002 fueron 887 municipios los registrados por expulsión y llegada de desplazados. El total en estos años revela que el 87% del territorio nacional ha sido victima del desplazamiento, con 122 municipios que reflejaron expulsión.
Con esto, se identifican 20 microrregiones afectadas en las que el 68% de la población desplazada huye. Las principales microrregiones son: la Sierra nevada de Santa Marta, el oriente antioqueño, los Montes de María, el Urabá ampliado y el centro del Chocó[6].
La disminución del índice de retornos.
Entre el 2000 y 2002, 71.056 personas retornaron a su lugar de origen; la evidencia decreciente de los retornos es clara cuando se señala que durante el 2000 el índice de retornos fue del 37%, en el 2002 de un 11% y solamente un 2% en el primer semestre del 2002. Esta vasta disminución del retorno genera preocupación frente a la reubicación en nuevos lugares, especialmente en las grandes, en donde la atención y la reinserción social tienen un alto costo[7].
Se hace aún más difícil el retorno cuando, la población que se desplaza a las ciudades no quiere abandonarlas porque allí cuentan con más facilidades de acceso a ingresos y servicios sociales con respecto al lugar de donde se vieron desplazados. Para aumentar el índice de retorno, se ve la necesidad de atender con urgencia los movimientos masivos de población y generar la promoción de retornos desde los lugares en donde los desplazados no llevan mucho tiempo residiendo; claro que estos retornos dependen básicamente de las garantías que brinda el Estado para proteger permanentemente a la población desplazada que se ha visto amenazada por los diferentes grupos armados.
El alto porcentaje de población afrocolombiana y minorías étnicas desplazadas.
Según CODHES[8], el 33% de la población expulsada (83.650) son afrocolombianos, quienes a parte de haber sido desplazados de su territorio, también iban perdiendo sus raíces culturales. La segunda fuente –la Red de Solidaridad Social- señala que de la población desplazada total entre Enero del 2000 y Junio del 2002, el 17.72% corresponde a población negra y un 3.75% corresponde a población indígena. Así, se revela que el 20.5% de la población desplazada durante dos años y medio son grupos étnicos[9]. Esta evidencia de un gran índice de desplazamiento de grupos afrocolombianos e indígenas, exige una clara y vital atención por parte del Estado, quien debe centrarse en el ámbito cultural para promover el respeto a todas las culturas.
La inmovilización de algunas comunidades.
“Recientemente ha surgido una movilidad especial, no de inestabilidad territorial característica del desplazamiento, sino de inmovilidad social que es igualmente el producto de reacciones comunitarias ante las amenazas de los violentos o el resultado de presiones directas de éstas sobre grupos humanos particulares”[10].
No sólo existe la problemática de la población que se desplaza en contra de su voluntad desde su región rural hacia los municipios de cabecera o grandes ciudades, sino que también se identifica a la población que se encuentra inmovilizada dentro de su territorio de residencia habitual. Según el último informe del CODHES en el 2002, existen varios grupos humanos que se hallan inmovilizados en su región, por miedo a verse integrados dentro de algún grupo armado, por la imposibilidad de desplazarse libremente debido a los enfrentamientos o porque en algunas ocasiones los grupos armados han bloqueado la libre movilidad de comunidades, dejándolas inmovilizadas dentro de su región de residencia.
“Esta inmovilización es mayor en grupos étnicos, como lo son 5.500 Kankuanos en la Sierra nevada de Santa Marta, 4.300 Nasas Paeces en la Cuenca Alta del río Naya, 4.000 Barís de la Serranía de los Motilones en la Cuenca del Catatumbo y 2760 Emberas del medio Atrato, entre otros más”[11].
El desplazamiento al interior de las diferentes ciudades del país.
Esta es otra consecuencia de las acciones y amenazas que ejercen los diferentes grupos armados sobre la población civil. Por ser un nuevo factor, no existen aún muchos datos e información sobre éste, pero está en proceso de formulación debido a que ya ha sido detectado por las diferentes organizaciones e instituciones que tratan el desplazamiento, como la consecuencia directa del crecimiento de los conflictos entre los paramilitares, las FARC y el ELN en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín o Barrancabermeja, y por lo tanto deben crear estrategias de prevención y atención a esta forma de desplazamiento.
El paso de las fronteras para huir de los territorios afectados por la violencia
Según el informe del CODHES, para el año 2002 los territorios colombianos que tienen frontera con Venezuela, Ecuador y Panamá, se han visto afectadas por el conflicto armado en Colombia, ya que cerca de 21.800 colombianos cruzaron las fronteras para huir del conflicto entre los diferentes grupos armados. Así, se señala que 12.000 se desplazaron a Ecuador, 9.500 a Venezuela y 300 a Panamá.
Esta forma de desplazamiento representa un gran reto para la formulación de mecanismos viables para atender a los desplazados-refugiados, donde se deben examinar cuidadosamente las características de esta movilidad poblacional y cómo se está generando la acción política a través de los principios generales de legislación internacional sobre este tema.
Desplazamiento de la población afectada por la violencia hacia lugares con mejores condiciones de vida
Según diferentes análisis sobre el desplazamiento forzado y la identificación de los municipios con mayor número de población expulsada y los municipios con mayor número de población recibida, se revela que la población desplazada afectada por la violencia se está dirigiendo de las zonas con menor desarrollo relativo hacia las grandes ciudades del país; lo que demuestra que el desplazamiento de la población civil tiene su intensidad y dirección geográfica no sólo por las acciones militares de los diferentes grupos armados (ataques o amenazas) sino también porque el contexto social en la zona de donde huyeron no les garantiza ni ofrece formas de progreso.
Se extrajeron las siguientes conclusiones claves tras una investigación realizada por la Red de Solidaridad Social (contando con información suministrada por el SUR, el SEFC y datos del CODHES del periodo de enero del 2000 a junio del 2001) sobre las características territoriales y el debido análisis de los riesgos que pueden generarse dentro de los procesos de desplazamiento en el país[12]:
Los desplazados no se dirigen a sitios con menor violencia.
La población civil que se ha visto desplazada por la violencia no se está alojando en lugares menos violentos, sino que están llegando a regiones que, tienen niveles totales de violencia aún mayores que las regiones en las que se genera la expulsión de población civil.
Existen diferencias en el territorio y el tiempo en el volumen del desplazamiento
Existe una combinación de tres aspectos frecuentes que resaltan cantidades diferentes de desplazados:
- La distancia del municipio donde se generó el desplazamiento con respecto a la capital de su mismo departamento,
- El nivel de presencia de instituciones y entidades en el lugar de procedencia, y
- El nivel relativo de pobreza (al menos un NBI) y miseria (al menos 2 NBI) en la zona del municipio donde se produjo la expulsión, con respecto al nivel de pobreza de la capital de su mismo departamento que, aunque no siempre es el lugar a donde toda la población civil desplazada llega para huir de la violencia de su región, si es la más común.
Diferencias entre los municipios expulsores y los receptores con respecto a la calidad de vida.
Las cabeceras municipales en las que se genera mayor expulsión de población civil presentan un índice menor de calidad de vida con respecto a las cabeceras municipales que reciben población desplazada.
Se revela que el promedio de población que está en miseria entre los treinta municipios donde se presenta mayor expulsión es mayor al 32%, mientras que las treinta localidades donde se recibe mayor población desplazada (66% de expulsados) tienen un promedio de población que está en miseria inferior al 20%[13].
Diferencias notorias en los niveles educativos.
Los diferentes niveles educativos que existen entre los municipios expulsores y los receptores, presentan una de las diferencias más notorias entre estas dos clases de municipios.
Los municipios donde se presenta el 90% de expulsión de población civil tienen un nivel educativo inferior al promedio nacional (-35.405 puntos), mientras que los municipios que reciben al 66% de los desplazados tienen un nivel de presencia institucional mayor al promedio nacional (+53.26 puntos).
Diferencias en cuanto a la presencia institucional.
Los municipios que expulsan más del 97% de población civil tienen un nivel de presencia institucional menor o cercano al promedio nacional (0.09 puntos factoriales), mientras que los municipios que reciben al 66% de todos los desplazados tienen un nivel de presencia institucional mayor al promedio nacional (+2.57 puntos factoriales).
El papel del capital social dentro de la población desplazada
En las zonas más deprimidas del país (en las que el desplazamiento es el mayor reflejo de la violencia) existe una mínima presencia por parte del Estado, por lo que se hace necesario dar vital importancia a las instituciones sociales dentro de estas zonas, que estén particularmente asociadas a algún tipo de organizaciones informales que articulen los pocos recursos (mano de obra, tierras baldías o en posesión discutida, bosques libres, etc.) sobre los que esta clase de población civil en áreas rurales expuestas a la violencia tienen control.
Cuando la población se ve obligada a desplazarse a causa de las acciones de los diferentes grupos armados, además de perder los bienes propios, pierden los vínculos de cooperación de los que dependían sus oportunidades de progreso; aún así, como no tienen plena conciencia de esto, el análisis demuestra que esta población desplazada llega a zonas donde el capital social es más alto que el de su zona habitual (desde 50.04 en los lugares de origen hasta 72.63 en los lugares de recepción).
Los desplazados llegan a las zonas urbanas por los sectores más bajos de esta sociedad.
Aunque la población desplazada llega a zonas urbanas con mayor calidad de vida con respecto a su zona habitual, sólo logran integrarse a éstas por los niveles más bajos y de mayor miseria de las ciudades.
“La población desplazada se ha ubicado principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se asentó el 24.5%. Le siguen en su orden, las localidades de Kennedy, con el 13.9%; Bosa, con el 11.6%; Usme, con el 8.5%; San Cristóbal, con el 5.6%; Rafael Uribe, con el 5.4%; Engativá, con el 5.1%, Suba con el 5.0%. No se dispone de información de la localización del 3.6% de los desplazados llegados a la ciudad, y el 16.7% restante se ubicó en las demás localidades. Adicionalmente, 108 familias se localizaron fuera de la ciudad”[14]
[1] Boletín de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, Nº 44. Bogotá, Colombia. 28 de Abril de 2003
[2] IDEM
[3] Tomado de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 30
[4] Fuente: Sistema Único de Registro SUR en www.red.gov.co
[5] Ver: Red De Solidaridad Social. “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Bogotá, Septiembre del 2002
[6] Ver mapa de microrregiones en anexos mapa No 1 (tomado de Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 37)
[7] Ver: Red De Solidaridad Social. “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Bogotá, Septiembre del 2002
[8] Boletín de la Consultoría para los derechos Humanos y el Desplazamiento, Nº 44. Bogotá, Colombia. 28 de Abril del 2003
[9] Ver: Red De Solidaridad Social. “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Bogotá, Septiembre del 2002
[10] Tomado de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 39
[11] Tomado de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 39
[12] Esta información es tomada de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 41. , pero el párrafo original del libro tiene la siguiente cita: ver: Medellín, Fernando y Rinaudo, Ulises. Sistema Municipal de Valoración de vulnerabilidad y riesgo de la población desplazada por la vilencia en Colombia. 2002
[13] Esta información es tomada de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 42. , pero el párrafo original del libro tiene la siguiente cita: ver: Moreno Guerrero, Hernando. “Índice de vulnerabilidad espacial del desplazamiento en Colombia para el 2000”
[14] Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnóstico, política y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, Serie equidad y bienestar Nº 4. Bogotá D.C. Abril de 2004. p. 16
CODHES[1] en su informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos en el 2002, señala que este año fue el de mayor desplazamiento forzado en Colombia desde 1985. El estudio refleja que en cerca de 152 municipios expulsores se dio una vasta disminución de población y en cerca de 124 zonas de recepción se registró un gran crecimiento con la llegada imprevista de nuevos habitantes.
En suma, 276 municipios, que constituyen el 25% del total del país, están inmersos en un proceso de reordenamiento social y demográfico forzado por las circunstancias de la guerra”[2]. Este informe señala la desintegración de grupos étnicos afectados por los ataques y amenazas de los grupos armados y la intensificación de la presión de los mismos sobre la población civil. “Según este informe, para el 2002, el desplazamiento afectó a una población de 412.000 personas, 1.144 por día, 20% más que el año anterior”[3]
La siguiente referencia, según datos de la Red de Solidaridad Social[4] tomados del Registro Nacional de Población Desplazada por la violencia (SUR) entre los años 1995 y 2002 refleja un alto incremento de personas y hogares que deben ser atendidos por el Estado según las leyes y normas vigentes, debido a que cumplen con el requisito básico de su inscripción en el Sistema Único de Registro. Según estos datos hasta el 31 de Enero de 2003 han ingresado 222.892 en el registro de población desplazada, lo que equivale a 1.016.175 personas que ingresaron al programa especial para ser atendidas.
Cabe resaltar que sólo el 20% de la población desplazada lo hace de manera masiva (más de 10 hogares o 50 personas) y el porcentaje (más de 800 mil personas) individual o unifamiliarmente. Toda esta población se desplaza especialmente a las capitales del país, lo que hace complicada su integración a la vida urbana, ya que cuentan con una diferente habilidad productiva y desconocen la forma cómo se dan los derechos y deberes en la ciudad; al reconocer estas dificultades, las instituciones del Estado, principalmente la Red de Solidaridad Social, a parte de registrar el número de personas desplazadas para que ingresen a los programas de atención, también cuenta con un modelo de estimación global que revela el número total de personas desplazadas por la violencia aún si no se han registrado o no han buscado ayuda.
Existen aún más fuentes que revelan el volumen de desplazados de diferentes formas y con diferente propósito, pero si en algo coinciden es en que el índice del desplazamiento forzado a causa del conflicto interno va aumentando cada vez más.
La ampliación progresiva de los territorios que se ven afectados por el desplazamiento forzado.
El informe de CODHES señala al municipio de Bojayá, Chocó, con un alcance de 119 victimas y el destierro del 68% de su población, como el lugar de la catástrofe humanitaria más notoria para el 2002. Aún así, el alarmante destierro del Catatumbo -14.007 personas por cada 100mil habitantes- es el más alto del país, donde cinco de sus municipios reflejan los índices más elevados de expulsión: El Tarra (25.953), Convención (25.542), Teorema (24.603), San Calixto (10.639) y Tibú (9.080).
La segunda fuente, la Red de Solidaridad Social[5], refleja al igual que la primera, la fuerte expansión del desplazamiento, pues en el 2000, 480 municipios se vieron afectados por éste, en el 2001 ya eran 819 y en el primer semestre del 2002 fueron 887 municipios los registrados por expulsión y llegada de desplazados. El total en estos años revela que el 87% del territorio nacional ha sido victima del desplazamiento, con 122 municipios que reflejaron expulsión.
Con esto, se identifican 20 microrregiones afectadas en las que el 68% de la población desplazada huye. Las principales microrregiones son: la Sierra nevada de Santa Marta, el oriente antioqueño, los Montes de María, el Urabá ampliado y el centro del Chocó[6].
La disminución del índice de retornos.
Entre el 2000 y 2002, 71.056 personas retornaron a su lugar de origen; la evidencia decreciente de los retornos es clara cuando se señala que durante el 2000 el índice de retornos fue del 37%, en el 2002 de un 11% y solamente un 2% en el primer semestre del 2002. Esta vasta disminución del retorno genera preocupación frente a la reubicación en nuevos lugares, especialmente en las grandes, en donde la atención y la reinserción social tienen un alto costo[7].
Se hace aún más difícil el retorno cuando, la población que se desplaza a las ciudades no quiere abandonarlas porque allí cuentan con más facilidades de acceso a ingresos y servicios sociales con respecto al lugar de donde se vieron desplazados. Para aumentar el índice de retorno, se ve la necesidad de atender con urgencia los movimientos masivos de población y generar la promoción de retornos desde los lugares en donde los desplazados no llevan mucho tiempo residiendo; claro que estos retornos dependen básicamente de las garantías que brinda el Estado para proteger permanentemente a la población desplazada que se ha visto amenazada por los diferentes grupos armados.
El alto porcentaje de población afrocolombiana y minorías étnicas desplazadas.
Según CODHES[8], el 33% de la población expulsada (83.650) son afrocolombianos, quienes a parte de haber sido desplazados de su territorio, también iban perdiendo sus raíces culturales. La segunda fuente –la Red de Solidaridad Social- señala que de la población desplazada total entre Enero del 2000 y Junio del 2002, el 17.72% corresponde a población negra y un 3.75% corresponde a población indígena. Así, se revela que el 20.5% de la población desplazada durante dos años y medio son grupos étnicos[9]. Esta evidencia de un gran índice de desplazamiento de grupos afrocolombianos e indígenas, exige una clara y vital atención por parte del Estado, quien debe centrarse en el ámbito cultural para promover el respeto a todas las culturas.
La inmovilización de algunas comunidades.
“Recientemente ha surgido una movilidad especial, no de inestabilidad territorial característica del desplazamiento, sino de inmovilidad social que es igualmente el producto de reacciones comunitarias ante las amenazas de los violentos o el resultado de presiones directas de éstas sobre grupos humanos particulares”[10].
No sólo existe la problemática de la población que se desplaza en contra de su voluntad desde su región rural hacia los municipios de cabecera o grandes ciudades, sino que también se identifica a la población que se encuentra inmovilizada dentro de su territorio de residencia habitual. Según el último informe del CODHES en el 2002, existen varios grupos humanos que se hallan inmovilizados en su región, por miedo a verse integrados dentro de algún grupo armado, por la imposibilidad de desplazarse libremente debido a los enfrentamientos o porque en algunas ocasiones los grupos armados han bloqueado la libre movilidad de comunidades, dejándolas inmovilizadas dentro de su región de residencia.
“Esta inmovilización es mayor en grupos étnicos, como lo son 5.500 Kankuanos en la Sierra nevada de Santa Marta, 4.300 Nasas Paeces en la Cuenca Alta del río Naya, 4.000 Barís de la Serranía de los Motilones en la Cuenca del Catatumbo y 2760 Emberas del medio Atrato, entre otros más”[11].
El desplazamiento al interior de las diferentes ciudades del país.
Esta es otra consecuencia de las acciones y amenazas que ejercen los diferentes grupos armados sobre la población civil. Por ser un nuevo factor, no existen aún muchos datos e información sobre éste, pero está en proceso de formulación debido a que ya ha sido detectado por las diferentes organizaciones e instituciones que tratan el desplazamiento, como la consecuencia directa del crecimiento de los conflictos entre los paramilitares, las FARC y el ELN en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín o Barrancabermeja, y por lo tanto deben crear estrategias de prevención y atención a esta forma de desplazamiento.
El paso de las fronteras para huir de los territorios afectados por la violencia
Según el informe del CODHES, para el año 2002 los territorios colombianos que tienen frontera con Venezuela, Ecuador y Panamá, se han visto afectadas por el conflicto armado en Colombia, ya que cerca de 21.800 colombianos cruzaron las fronteras para huir del conflicto entre los diferentes grupos armados. Así, se señala que 12.000 se desplazaron a Ecuador, 9.500 a Venezuela y 300 a Panamá.
Esta forma de desplazamiento representa un gran reto para la formulación de mecanismos viables para atender a los desplazados-refugiados, donde se deben examinar cuidadosamente las características de esta movilidad poblacional y cómo se está generando la acción política a través de los principios generales de legislación internacional sobre este tema.
Desplazamiento de la población afectada por la violencia hacia lugares con mejores condiciones de vida
Según diferentes análisis sobre el desplazamiento forzado y la identificación de los municipios con mayor número de población expulsada y los municipios con mayor número de población recibida, se revela que la población desplazada afectada por la violencia se está dirigiendo de las zonas con menor desarrollo relativo hacia las grandes ciudades del país; lo que demuestra que el desplazamiento de la población civil tiene su intensidad y dirección geográfica no sólo por las acciones militares de los diferentes grupos armados (ataques o amenazas) sino también porque el contexto social en la zona de donde huyeron no les garantiza ni ofrece formas de progreso.
Se extrajeron las siguientes conclusiones claves tras una investigación realizada por la Red de Solidaridad Social (contando con información suministrada por el SUR, el SEFC y datos del CODHES del periodo de enero del 2000 a junio del 2001) sobre las características territoriales y el debido análisis de los riesgos que pueden generarse dentro de los procesos de desplazamiento en el país[12]:
Los desplazados no se dirigen a sitios con menor violencia.
La población civil que se ha visto desplazada por la violencia no se está alojando en lugares menos violentos, sino que están llegando a regiones que, tienen niveles totales de violencia aún mayores que las regiones en las que se genera la expulsión de población civil.
Existen diferencias en el territorio y el tiempo en el volumen del desplazamiento
Existe una combinación de tres aspectos frecuentes que resaltan cantidades diferentes de desplazados:
- La distancia del municipio donde se generó el desplazamiento con respecto a la capital de su mismo departamento,
- El nivel de presencia de instituciones y entidades en el lugar de procedencia, y
- El nivel relativo de pobreza (al menos un NBI) y miseria (al menos 2 NBI) en la zona del municipio donde se produjo la expulsión, con respecto al nivel de pobreza de la capital de su mismo departamento que, aunque no siempre es el lugar a donde toda la población civil desplazada llega para huir de la violencia de su región, si es la más común.
Diferencias entre los municipios expulsores y los receptores con respecto a la calidad de vida.
Las cabeceras municipales en las que se genera mayor expulsión de población civil presentan un índice menor de calidad de vida con respecto a las cabeceras municipales que reciben población desplazada.
Se revela que el promedio de población que está en miseria entre los treinta municipios donde se presenta mayor expulsión es mayor al 32%, mientras que las treinta localidades donde se recibe mayor población desplazada (66% de expulsados) tienen un promedio de población que está en miseria inferior al 20%[13].
Diferencias notorias en los niveles educativos.
Los diferentes niveles educativos que existen entre los municipios expulsores y los receptores, presentan una de las diferencias más notorias entre estas dos clases de municipios.
Los municipios donde se presenta el 90% de expulsión de población civil tienen un nivel educativo inferior al promedio nacional (-35.405 puntos), mientras que los municipios que reciben al 66% de los desplazados tienen un nivel de presencia institucional mayor al promedio nacional (+53.26 puntos).
Diferencias en cuanto a la presencia institucional.
Los municipios que expulsan más del 97% de población civil tienen un nivel de presencia institucional menor o cercano al promedio nacional (0.09 puntos factoriales), mientras que los municipios que reciben al 66% de todos los desplazados tienen un nivel de presencia institucional mayor al promedio nacional (+2.57 puntos factoriales).
El papel del capital social dentro de la población desplazada
En las zonas más deprimidas del país (en las que el desplazamiento es el mayor reflejo de la violencia) existe una mínima presencia por parte del Estado, por lo que se hace necesario dar vital importancia a las instituciones sociales dentro de estas zonas, que estén particularmente asociadas a algún tipo de organizaciones informales que articulen los pocos recursos (mano de obra, tierras baldías o en posesión discutida, bosques libres, etc.) sobre los que esta clase de población civil en áreas rurales expuestas a la violencia tienen control.
Cuando la población se ve obligada a desplazarse a causa de las acciones de los diferentes grupos armados, además de perder los bienes propios, pierden los vínculos de cooperación de los que dependían sus oportunidades de progreso; aún así, como no tienen plena conciencia de esto, el análisis demuestra que esta población desplazada llega a zonas donde el capital social es más alto que el de su zona habitual (desde 50.04 en los lugares de origen hasta 72.63 en los lugares de recepción).
Los desplazados llegan a las zonas urbanas por los sectores más bajos de esta sociedad.
Aunque la población desplazada llega a zonas urbanas con mayor calidad de vida con respecto a su zona habitual, sólo logran integrarse a éstas por los niveles más bajos y de mayor miseria de las ciudades.
“La población desplazada se ha ubicado principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se asentó el 24.5%. Le siguen en su orden, las localidades de Kennedy, con el 13.9%; Bosa, con el 11.6%; Usme, con el 8.5%; San Cristóbal, con el 5.6%; Rafael Uribe, con el 5.4%; Engativá, con el 5.1%, Suba con el 5.0%. No se dispone de información de la localización del 3.6% de los desplazados llegados a la ciudad, y el 16.7% restante se ubicó en las demás localidades. Adicionalmente, 108 familias se localizaron fuera de la ciudad”[14]
[1] Boletín de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, Nº 44. Bogotá, Colombia. 28 de Abril de 2003
[2] IDEM
[3] Tomado de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 30
[4] Fuente: Sistema Único de Registro SUR en www.red.gov.co
[5] Ver: Red De Solidaridad Social. “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Bogotá, Septiembre del 2002
[6] Ver mapa de microrregiones en anexos mapa No 1 (tomado de Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 37)
[7] Ver: Red De Solidaridad Social. “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Bogotá, Septiembre del 2002
[8] Boletín de la Consultoría para los derechos Humanos y el Desplazamiento, Nº 44. Bogotá, Colombia. 28 de Abril del 2003
[9] Ver: Red De Solidaridad Social. “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Bogotá, Septiembre del 2002
[10] Tomado de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 39
[11] Tomado de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 39
[12] Esta información es tomada de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 41. , pero el párrafo original del libro tiene la siguiente cita: ver: Medellín, Fernando y Rinaudo, Ulises. Sistema Municipal de Valoración de vulnerabilidad y riesgo de la población desplazada por la vilencia en Colombia. 2002
[13] Esta información es tomada de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 42. , pero el párrafo original del libro tiene la siguiente cita: ver: Moreno Guerrero, Hernando. “Índice de vulnerabilidad espacial del desplazamiento en Colombia para el 2000”
[14] Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnóstico, política y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, Serie equidad y bienestar Nº 4. Bogotá D.C. Abril de 2004. p. 16
¿POR QUÉ RAZÓN SE DESPLAZA LA POBLACIÓN CIVIL DE SUS LUGARES DE RESIDENCIA?
Cerca de 2 millones de colombianos están en situación de desplazamiento al interior del país, lo que refleja el alto y duradero escenario del conflicto armado interno en Colombia. Para conocer esta importante problemática los medios de comunicación han intentado mantener informada a la sociedad, pero su debilidad está en la forma indiferente como muchas veces la presentan, pues están haciendo que la gente se entere pero prontamente lo olvide, ya que muchos ven las noticias con pena, pero si no se ven directamente afectados no piensan más en ello sino como un problema ajeno que no les corresponde, cuando en realidad a todos nos afecta.
El control social y territorial por parte de los diferentes grupos armados.
Existen diferentes argumentos que intentan explicar las diversas razones e intereses que tienen los diferentes grupos armados sobre la población civil y la presión que generan para su desplazamiento; aún así todos estos pueden configurarse en dos categorías: el control social y el control territorial. Así, estos grupos armados han logrado el desplazamiento de miles de personas, familias y comunidades.
Se observa cómo Bogotá es una de las regiones que más sufre las consecuencias del desplazamiento. “En promedio, entre 1995 y el 2002 la ciudad recibió anualmente 48.991 personas victimas del desplazamiento forzado, mientras el incremento demográfico fue de 149.353 personas en promedio. Se destaca 1997, año en el cual se registró el mayor número de desplazados, 78.850; mientras que el menor número se presentó en 1999, con 33.143. CODHES reportó la llegada de 47.500 desplazados a Bogotá entre enero y septiembre del 2003. Estas cifras se suman al crecimiento vegetativo de la población bogotana, incrementándolo en forma importante”[1].
La razón militar: la búsqueda del apoyo activo de la población a través de su ingreso a los grupos armados.
Frente a los intensos enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares, muchas personas se han visto presionadas a formar parte de los grupos combatientes -para aumentar las filas militares de los grupos armados- o a abandonar su territorio a causa de amenazas y tratos crueles de los que son victimas. Los diferentes grupos armados operan con mayor intensidad en los perímetros urbanos de grandes ciudades, apoderándose allí de los territorios y generando el desplazamiento interurbano; frente a esta problemática, tanto investigadores sociales con las diferentes políticas del Estado se han puesto en la tarea de buscar y apoyar, en unión con la población civil, una transformación de la situación real.
“ El 59.8% de los desplazados que llegaron a Bogotá entre 1999 y el 2003 tuvo como causa del desplazamiento la amenaza; seguido del reclutamiento de habitantes y al margen de la ley, con 9.8%; el asesinato de personas en la región, con 9.4% y la tensión y el miedo con 9.1%”[2]
La razón económica: muestra de una alta riqueza natural pero una baja calidad de vida.
Los diferentes grupos armados han sido concientes – y por lo tanto estratégicos- de que si se logra controlar un territorio, éste incluye el control de sus recursos naturales, los cuales refuerzan la financiación de la guerra y los intereses económicos nacionales y transnacionales; así, cuando las personas se desplazan de su territorio por la fuerza o por temor, los diferentes actores regionales (terratenientes, comerciantes e inversionistas nacionales o internacionales) que crean relaciones con los grupos armados, pueden sacar provecho de estas tierras ya libres para ellos.
Una vez adquirido el territorio, estos grupos se aprovechan de toda su riqueza para explotar ya sea: los recursos agrícolas, las zonas de cultivos ilícitos, los recursos naturales de extracción, grandes proyectos de inversión para la construcción u operación, corredores de comunicación fluvial o terrestre entre los valles interandinos, y entre las cordilleras y el mar. Por esto, lo que se toman los diferentes grupos armados no son cualquier tipo de territorios, sino que se caracterizan por su gran riqueza natural; pero, entre más rico sea el territorio, hay mayor disputa por su control entre los grupos, ya que esta riqueza refuerza su capital.
“De las 12.135 familias atendidas, el 22.6% provenía del Tolima, el 12.1% de Cundinamarca, el 10.6% del Meta, el 7.2% de Caquetá, el 6.1% de Antioquia, el 5.8% de Santander y el 35.6% de los restantes departamentos”[3].
[1] Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnóstico, política y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, Serie equidad y bienestar Nº 4. Bogotá D.C. Abril de 2004. p. 13
(ver cuadro 6. en anexos)
[2] Cita Textual tomada de: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnóstico, política y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, Serie equidad y bienestar Nº 4. Bogotá D.C. Abril de 2004. p. 16
(ver cuadro 7. en anexos)
[3] Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnóstico, política y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, Serie equidad y bienestar Nº 4. Bogotá D.C. Abril de 2004. p. 14
(ver cuadro 8. en anexos)
El control social y territorial por parte de los diferentes grupos armados.
Existen diferentes argumentos que intentan explicar las diversas razones e intereses que tienen los diferentes grupos armados sobre la población civil y la presión que generan para su desplazamiento; aún así todos estos pueden configurarse en dos categorías: el control social y el control territorial. Así, estos grupos armados han logrado el desplazamiento de miles de personas, familias y comunidades.
Se observa cómo Bogotá es una de las regiones que más sufre las consecuencias del desplazamiento. “En promedio, entre 1995 y el 2002 la ciudad recibió anualmente 48.991 personas victimas del desplazamiento forzado, mientras el incremento demográfico fue de 149.353 personas en promedio. Se destaca 1997, año en el cual se registró el mayor número de desplazados, 78.850; mientras que el menor número se presentó en 1999, con 33.143. CODHES reportó la llegada de 47.500 desplazados a Bogotá entre enero y septiembre del 2003. Estas cifras se suman al crecimiento vegetativo de la población bogotana, incrementándolo en forma importante”[1].
La razón militar: la búsqueda del apoyo activo de la población a través de su ingreso a los grupos armados.
Frente a los intensos enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares, muchas personas se han visto presionadas a formar parte de los grupos combatientes -para aumentar las filas militares de los grupos armados- o a abandonar su territorio a causa de amenazas y tratos crueles de los que son victimas. Los diferentes grupos armados operan con mayor intensidad en los perímetros urbanos de grandes ciudades, apoderándose allí de los territorios y generando el desplazamiento interurbano; frente a esta problemática, tanto investigadores sociales con las diferentes políticas del Estado se han puesto en la tarea de buscar y apoyar, en unión con la población civil, una transformación de la situación real.
“ El 59.8% de los desplazados que llegaron a Bogotá entre 1999 y el 2003 tuvo como causa del desplazamiento la amenaza; seguido del reclutamiento de habitantes y al margen de la ley, con 9.8%; el asesinato de personas en la región, con 9.4% y la tensión y el miedo con 9.1%”[2]
La razón económica: muestra de una alta riqueza natural pero una baja calidad de vida.
Los diferentes grupos armados han sido concientes – y por lo tanto estratégicos- de que si se logra controlar un territorio, éste incluye el control de sus recursos naturales, los cuales refuerzan la financiación de la guerra y los intereses económicos nacionales y transnacionales; así, cuando las personas se desplazan de su territorio por la fuerza o por temor, los diferentes actores regionales (terratenientes, comerciantes e inversionistas nacionales o internacionales) que crean relaciones con los grupos armados, pueden sacar provecho de estas tierras ya libres para ellos.
Una vez adquirido el territorio, estos grupos se aprovechan de toda su riqueza para explotar ya sea: los recursos agrícolas, las zonas de cultivos ilícitos, los recursos naturales de extracción, grandes proyectos de inversión para la construcción u operación, corredores de comunicación fluvial o terrestre entre los valles interandinos, y entre las cordilleras y el mar. Por esto, lo que se toman los diferentes grupos armados no son cualquier tipo de territorios, sino que se caracterizan por su gran riqueza natural; pero, entre más rico sea el territorio, hay mayor disputa por su control entre los grupos, ya que esta riqueza refuerza su capital.
“De las 12.135 familias atendidas, el 22.6% provenía del Tolima, el 12.1% de Cundinamarca, el 10.6% del Meta, el 7.2% de Caquetá, el 6.1% de Antioquia, el 5.8% de Santander y el 35.6% de los restantes departamentos”[3].
[1] Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnóstico, política y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, Serie equidad y bienestar Nº 4. Bogotá D.C. Abril de 2004. p. 13
(ver cuadro 6. en anexos)
[2] Cita Textual tomada de: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnóstico, política y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, Serie equidad y bienestar Nº 4. Bogotá D.C. Abril de 2004. p. 16
(ver cuadro 7. en anexos)
[3] Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnóstico, política y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, Serie equidad y bienestar Nº 4. Bogotá D.C. Abril de 2004. p. 14
(ver cuadro 8. en anexos)
Otra Realidad Nacional
“Cuando el hombre es sacado de su lugar de origen, es vaciado de su identidad y ser, es desplazado de su mundo. Se sabe que el hombre al vivir su vida dentro de un lugar referencial, lugar antropológico, como lo llama Auge, con el pasar del tiempo, y arraigado en él, va construyendo los saberes necesarios para que la vida le sea posible; cuando es desterrado violentamente por la intolerancia del otro, este individuo al mismo tiempo que lo arrancan de su tierra lo despojan de sus bienes, de las herramientas que cultural e históricamente había ido construyendo y depurando”[1].
[1] Desplazamiento: ciudad y territorio. Serie ciudad y hábitat. Bogotá D.C. Año 9, Doc. Nº 10, Marzo de 2003. p.102
[1] Desplazamiento: ciudad y territorio. Serie ciudad y hábitat. Bogotá D.C. Año 9, Doc. Nº 10, Marzo de 2003. p.102
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