El acelerado crecimiento del volumen de desplazados.
CODHES[1] en su informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos en el 2002, señala que este año fue el de mayor desplazamiento forzado en Colombia desde 1985. El estudio refleja que en cerca de 152 municipios expulsores se dio una vasta disminución de población y en cerca de 124 zonas de recepción se registró un gran crecimiento con la llegada imprevista de nuevos habitantes.
En suma, 276 municipios, que constituyen el 25% del total del país, están inmersos en un proceso de reordenamiento social y demográfico forzado por las circunstancias de la guerra”[2]. Este informe señala la desintegración de grupos étnicos afectados por los ataques y amenazas de los grupos armados y la intensificación de la presión de los mismos sobre la población civil. “Según este informe, para el 2002, el desplazamiento afectó a una población de 412.000 personas, 1.144 por día, 20% más que el año anterior”[3]
La siguiente referencia, según datos de la Red de Solidaridad Social[4] tomados del Registro Nacional de Población Desplazada por la violencia (SUR) entre los años 1995 y 2002 refleja un alto incremento de personas y hogares que deben ser atendidos por el Estado según las leyes y normas vigentes, debido a que cumplen con el requisito básico de su inscripción en el Sistema Único de Registro. Según estos datos hasta el 31 de Enero de 2003 han ingresado 222.892 en el registro de población desplazada, lo que equivale a 1.016.175 personas que ingresaron al programa especial para ser atendidas.
Cabe resaltar que sólo el 20% de la población desplazada lo hace de manera masiva (más de 10 hogares o 50 personas) y el porcentaje (más de 800 mil personas) individual o unifamiliarmente. Toda esta población se desplaza especialmente a las capitales del país, lo que hace complicada su integración a la vida urbana, ya que cuentan con una diferente habilidad productiva y desconocen la forma cómo se dan los derechos y deberes en la ciudad; al reconocer estas dificultades, las instituciones del Estado, principalmente la Red de Solidaridad Social, a parte de registrar el número de personas desplazadas para que ingresen a los programas de atención, también cuenta con un modelo de estimación global que revela el número total de personas desplazadas por la violencia aún si no se han registrado o no han buscado ayuda.
Existen aún más fuentes que revelan el volumen de desplazados de diferentes formas y con diferente propósito, pero si en algo coinciden es en que el índice del desplazamiento forzado a causa del conflicto interno va aumentando cada vez más.
La ampliación progresiva de los territorios que se ven afectados por el desplazamiento forzado.
El informe de CODHES señala al municipio de Bojayá, Chocó, con un alcance de 119 victimas y el destierro del 68% de su población, como el lugar de la catástrofe humanitaria más notoria para el 2002. Aún así, el alarmante destierro del Catatumbo -14.007 personas por cada 100mil habitantes- es el más alto del país, donde cinco de sus municipios reflejan los índices más elevados de expulsión: El Tarra (25.953), Convención (25.542), Teorema (24.603), San Calixto (10.639) y Tibú (9.080).
La segunda fuente, la Red de Solidaridad Social[5], refleja al igual que la primera, la fuerte expansión del desplazamiento, pues en el 2000, 480 municipios se vieron afectados por éste, en el 2001 ya eran 819 y en el primer semestre del 2002 fueron 887 municipios los registrados por expulsión y llegada de desplazados. El total en estos años revela que el 87% del territorio nacional ha sido victima del desplazamiento, con 122 municipios que reflejaron expulsión.
Con esto, se identifican 20 microrregiones afectadas en las que el 68% de la población desplazada huye. Las principales microrregiones son: la Sierra nevada de Santa Marta, el oriente antioqueño, los Montes de María, el Urabá ampliado y el centro del Chocó[6].
La disminución del índice de retornos.
Entre el 2000 y 2002, 71.056 personas retornaron a su lugar de origen; la evidencia decreciente de los retornos es clara cuando se señala que durante el 2000 el índice de retornos fue del 37%, en el 2002 de un 11% y solamente un 2% en el primer semestre del 2002. Esta vasta disminución del retorno genera preocupación frente a la reubicación en nuevos lugares, especialmente en las grandes, en donde la atención y la reinserción social tienen un alto costo[7].
Se hace aún más difícil el retorno cuando, la población que se desplaza a las ciudades no quiere abandonarlas porque allí cuentan con más facilidades de acceso a ingresos y servicios sociales con respecto al lugar de donde se vieron desplazados. Para aumentar el índice de retorno, se ve la necesidad de atender con urgencia los movimientos masivos de población y generar la promoción de retornos desde los lugares en donde los desplazados no llevan mucho tiempo residiendo; claro que estos retornos dependen básicamente de las garantías que brinda el Estado para proteger permanentemente a la población desplazada que se ha visto amenazada por los diferentes grupos armados.
El alto porcentaje de población afrocolombiana y minorías étnicas desplazadas.
Según CODHES[8], el 33% de la población expulsada (83.650) son afrocolombianos, quienes a parte de haber sido desplazados de su territorio, también iban perdiendo sus raíces culturales. La segunda fuente –la Red de Solidaridad Social- señala que de la población desplazada total entre Enero del 2000 y Junio del 2002, el 17.72% corresponde a población negra y un 3.75% corresponde a población indígena. Así, se revela que el 20.5% de la población desplazada durante dos años y medio son grupos étnicos[9]. Esta evidencia de un gran índice de desplazamiento de grupos afrocolombianos e indígenas, exige una clara y vital atención por parte del Estado, quien debe centrarse en el ámbito cultural para promover el respeto a todas las culturas.
La inmovilización de algunas comunidades.
“Recientemente ha surgido una movilidad especial, no de inestabilidad territorial característica del desplazamiento, sino de inmovilidad social que es igualmente el producto de reacciones comunitarias ante las amenazas de los violentos o el resultado de presiones directas de éstas sobre grupos humanos particulares”[10].
No sólo existe la problemática de la población que se desplaza en contra de su voluntad desde su región rural hacia los municipios de cabecera o grandes ciudades, sino que también se identifica a la población que se encuentra inmovilizada dentro de su territorio de residencia habitual. Según el último informe del CODHES en el 2002, existen varios grupos humanos que se hallan inmovilizados en su región, por miedo a verse integrados dentro de algún grupo armado, por la imposibilidad de desplazarse libremente debido a los enfrentamientos o porque en algunas ocasiones los grupos armados han bloqueado la libre movilidad de comunidades, dejándolas inmovilizadas dentro de su región de residencia.
“Esta inmovilización es mayor en grupos étnicos, como lo son 5.500 Kankuanos en la Sierra nevada de Santa Marta, 4.300 Nasas Paeces en la Cuenca Alta del río Naya, 4.000 Barís de la Serranía de los Motilones en la Cuenca del Catatumbo y 2760 Emberas del medio Atrato, entre otros más”[11].
El desplazamiento al interior de las diferentes ciudades del país.
Esta es otra consecuencia de las acciones y amenazas que ejercen los diferentes grupos armados sobre la población civil. Por ser un nuevo factor, no existen aún muchos datos e información sobre éste, pero está en proceso de formulación debido a que ya ha sido detectado por las diferentes organizaciones e instituciones que tratan el desplazamiento, como la consecuencia directa del crecimiento de los conflictos entre los paramilitares, las FARC y el ELN en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín o Barrancabermeja, y por lo tanto deben crear estrategias de prevención y atención a esta forma de desplazamiento.
El paso de las fronteras para huir de los territorios afectados por la violencia
Según el informe del CODHES, para el año 2002 los territorios colombianos que tienen frontera con Venezuela, Ecuador y Panamá, se han visto afectadas por el conflicto armado en Colombia, ya que cerca de 21.800 colombianos cruzaron las fronteras para huir del conflicto entre los diferentes grupos armados. Así, se señala que 12.000 se desplazaron a Ecuador, 9.500 a Venezuela y 300 a Panamá.
Esta forma de desplazamiento representa un gran reto para la formulación de mecanismos viables para atender a los desplazados-refugiados, donde se deben examinar cuidadosamente las características de esta movilidad poblacional y cómo se está generando la acción política a través de los principios generales de legislación internacional sobre este tema.
Desplazamiento de la población afectada por la violencia hacia lugares con mejores condiciones de vida
Según diferentes análisis sobre el desplazamiento forzado y la identificación de los municipios con mayor número de población expulsada y los municipios con mayor número de población recibida, se revela que la población desplazada afectada por la violencia se está dirigiendo de las zonas con menor desarrollo relativo hacia las grandes ciudades del país; lo que demuestra que el desplazamiento de la población civil tiene su intensidad y dirección geográfica no sólo por las acciones militares de los diferentes grupos armados (ataques o amenazas) sino también porque el contexto social en la zona de donde huyeron no les garantiza ni ofrece formas de progreso.
Se extrajeron las siguientes conclusiones claves tras una investigación realizada por la Red de Solidaridad Social (contando con información suministrada por el SUR, el SEFC y datos del CODHES del periodo de enero del 2000 a junio del 2001) sobre las características territoriales y el debido análisis de los riesgos que pueden generarse dentro de los procesos de desplazamiento en el país[12]:
Los desplazados no se dirigen a sitios con menor violencia.
La población civil que se ha visto desplazada por la violencia no se está alojando en lugares menos violentos, sino que están llegando a regiones que, tienen niveles totales de violencia aún mayores que las regiones en las que se genera la expulsión de población civil.
Existen diferencias en el territorio y el tiempo en el volumen del desplazamiento
Existe una combinación de tres aspectos frecuentes que resaltan cantidades diferentes de desplazados:
- La distancia del municipio donde se generó el desplazamiento con respecto a la capital de su mismo departamento,
- El nivel de presencia de instituciones y entidades en el lugar de procedencia, y
- El nivel relativo de pobreza (al menos un NBI) y miseria (al menos 2 NBI) en la zona del municipio donde se produjo la expulsión, con respecto al nivel de pobreza de la capital de su mismo departamento que, aunque no siempre es el lugar a donde toda la población civil desplazada llega para huir de la violencia de su región, si es la más común.
Diferencias entre los municipios expulsores y los receptores con respecto a la calidad de vida.
Las cabeceras municipales en las que se genera mayor expulsión de población civil presentan un índice menor de calidad de vida con respecto a las cabeceras municipales que reciben población desplazada.
Se revela que el promedio de población que está en miseria entre los treinta municipios donde se presenta mayor expulsión es mayor al 32%, mientras que las treinta localidades donde se recibe mayor población desplazada (66% de expulsados) tienen un promedio de población que está en miseria inferior al 20%[13].
Diferencias notorias en los niveles educativos.
Los diferentes niveles educativos que existen entre los municipios expulsores y los receptores, presentan una de las diferencias más notorias entre estas dos clases de municipios.
Los municipios donde se presenta el 90% de expulsión de población civil tienen un nivel educativo inferior al promedio nacional (-35.405 puntos), mientras que los municipios que reciben al 66% de los desplazados tienen un nivel de presencia institucional mayor al promedio nacional (+53.26 puntos).
Diferencias en cuanto a la presencia institucional.
Los municipios que expulsan más del 97% de población civil tienen un nivel de presencia institucional menor o cercano al promedio nacional (0.09 puntos factoriales), mientras que los municipios que reciben al 66% de todos los desplazados tienen un nivel de presencia institucional mayor al promedio nacional (+2.57 puntos factoriales).
El papel del capital social dentro de la población desplazada
En las zonas más deprimidas del país (en las que el desplazamiento es el mayor reflejo de la violencia) existe una mínima presencia por parte del Estado, por lo que se hace necesario dar vital importancia a las instituciones sociales dentro de estas zonas, que estén particularmente asociadas a algún tipo de organizaciones informales que articulen los pocos recursos (mano de obra, tierras baldías o en posesión discutida, bosques libres, etc.) sobre los que esta clase de población civil en áreas rurales expuestas a la violencia tienen control.
Cuando la población se ve obligada a desplazarse a causa de las acciones de los diferentes grupos armados, además de perder los bienes propios, pierden los vínculos de cooperación de los que dependían sus oportunidades de progreso; aún así, como no tienen plena conciencia de esto, el análisis demuestra que esta población desplazada llega a zonas donde el capital social es más alto que el de su zona habitual (desde 50.04 en los lugares de origen hasta 72.63 en los lugares de recepción).
Los desplazados llegan a las zonas urbanas por los sectores más bajos de esta sociedad.
Aunque la población desplazada llega a zonas urbanas con mayor calidad de vida con respecto a su zona habitual, sólo logran integrarse a éstas por los niveles más bajos y de mayor miseria de las ciudades.
“La población desplazada se ha ubicado principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se asentó el 24.5%. Le siguen en su orden, las localidades de Kennedy, con el 13.9%; Bosa, con el 11.6%; Usme, con el 8.5%; San Cristóbal, con el 5.6%; Rafael Uribe, con el 5.4%; Engativá, con el 5.1%, Suba con el 5.0%. No se dispone de información de la localización del 3.6% de los desplazados llegados a la ciudad, y el 16.7% restante se ubicó en las demás localidades. Adicionalmente, 108 familias se localizaron fuera de la ciudad”[14]
[1] Boletín de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, Nº 44. Bogotá, Colombia. 28 de Abril de 2003
[2] IDEM
[3] Tomado de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 30
[4] Fuente: Sistema Único de Registro SUR en www.red.gov.co
[5] Ver: Red De Solidaridad Social. “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Bogotá, Septiembre del 2002
[6] Ver mapa de microrregiones en anexos mapa No 1 (tomado de Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 37)
[7] Ver: Red De Solidaridad Social. “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Bogotá, Septiembre del 2002
[8] Boletín de la Consultoría para los derechos Humanos y el Desplazamiento, Nº 44. Bogotá, Colombia. 28 de Abril del 2003
[9] Ver: Red De Solidaridad Social. “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Bogotá, Septiembre del 2002
[10] Tomado de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 39
[11] Tomado de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 39
[12] Esta información es tomada de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 41. , pero el párrafo original del libro tiene la siguiente cita: ver: Medellín, Fernando y Rinaudo, Ulises. Sistema Municipal de Valoración de vulnerabilidad y riesgo de la población desplazada por la vilencia en Colombia. 2002
[13] Esta información es tomada de: Defensoría del pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia. 2004. p. 42. , pero el párrafo original del libro tiene la siguiente cita: ver: Moreno Guerrero, Hernando. “Índice de vulnerabilidad espacial del desplazamiento en Colombia para el 2000”
[14] Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diagnóstico, política y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia Bogotá. Cuadernos de la ciudad, Serie equidad y bienestar Nº 4. Bogotá D.C. Abril de 2004. p. 16
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